La llamada ley ómnibus del Govern pretende también algo que hasta ahora no han logrado ni las ordenanzas municipales y ni acciones puntuales de los Mossos d'Esquadra, esto es acabar con la prostitución en las carreteras catalanas. Y al mismo tiempo lograr que los miles de turistas que entran en vehículo por La Jonquera para dirigirse hacia las poblaciones de la costa no se encuentren con esa exhibición de mujeres que venden su cuerpo al pie de las carreteras, explotadas por mafias sin escrúpulos. Mujeres que pasan diez horas bajo un sol abrasador, apenas protegidas por un paraguas y con el único apoyo logístico de una silla plegable y un botellín de agua, en lo que parece una antipostal de la Costa Brava.
La ley de Agilización de la Administración autonómica contempla la modificación de cuatro artículos de la ley catalana de Carreteras del año 2009 para sancionar "la prestación de servicios de naturaleza sexual" tanto para "la persona que ofrece la prestación" como a "la persona que lo solicita o acepta". Y esta es la gran novedad de este modificación legislativa porque por primera vez pretende perseguir al cliente que para su coche en la carretera para comprar servicios sexuales. Y además se encarga al Servei Català de Trànsit el procedimiento sancionador, para que sea el máximo de efectivo (incluso con capacidad para embargar) y rápido, y sea un factor disuasivo para los clientes.
En concreto, la ley que el Govern tiene previsto aprobar antes del verano para que pueda ser debatida en otoño en el Parlament, prohíbe la ocupación temporal de las zonas de dominio público, servidumbre y afectación para realizar en ellas usos y actividades relacionadas con la prestación de servicios sexuales, los cuales no son compatibles con la seguridad vial. La propia ley de Carreteras establece como zona de dominio público la franja de terreno, a ambos lados de la vía, de 8 metros de anchura en las autopistas y vías preferentes y de 3 metros en las convencionales. La zona de servidumbre amplía esa distancia a 25 y 8 metros respectivamente y la de afectación lleva estos límites a los 100 metros en las autopistas y vías preferentes y a los 50 en las carreteras convencionales. En definitiva, aplicando al pie de la letra el redactado de la ley, esta modificación supondría, de facto, la prohibición total de la prostitución en las carreteras catalanas. Pero con una excepción, la norma no afecta a las carreteras de competencia estatal, como es el caso de algunas autopistas y de las llamadas carreteras nacionales. Es decir, de aprobarse esta ley, las trabajadoras sexuales podrían surgir en la N-II en el tramo entre La Jonquera y Medinyà, donde están en gran número, pero no en las carreteras adyacentes, como la de Figueres-Roses, Figueres-Llançà, el tramo Navata-Besalú o Palau Saverdera-Roses, donde cuenta con varios puntos estables de negocio.
Los cambios normativos que ha introducido el Govern en el borrador presentado precisan que la autoridad responsable en materia sancionadora será el director del Servei Català de Trànsit. Es decir deberán ser los agentes de tráfico quienes controlen estos casos. El incumplimiento de estos preceptos está tipificado como infracción grave y, por lo tanto, puede acarrear multas de hasta un máximo de 30.050,61 euros. El importe de las multas dependerá de la gravedad de la infracción, de los daños causados, del riesgo para terceros, de la intencionalidad y de la reincidencia, según aclaró a este diario el director general de Administració de Seguretat, Andreu Joan Martínez.
Las mafias que controlan a las mujeres que ejercen la prostitución en las carreteras se han burlado hasta ahora de los intentos de control. Primero por parte de los Mossos, que se limitaban a controlar si estas mujeres disponían de documentación en regla. Cuando alguna patrulla se mostraba más meticulosa, controlando a quienes dejan por las mañanas a estas mujeres y acuden a recogerlas casi por la noche. entonces estos contrataban taxistas para ejercer esta función de transporte desde las pensiones donde se alojan hasta los puestos escogidos previamente en las carreteras. Luego cuando algunos ayuntamientos aprobaron ordenanzas, como el de La Jonquera, optaron por no pagar las multas, y al final los consistorios se cansaron.
La ofensiva del Departament d’Interior contra la prostitución no ha hecho más que empezar. La modificación de la ley de Carreteras es el primer paso de una acción coordinada que cuenta con el empuje de todo el Govern, tal como ya anunció en la campaña electoral. Además de trabajar en el ámbito de la seguridad vial, Interior quiere impulsar otras dos vías de trabajo para limitar al máximo la prostitución. Una de ellas será un intento de homologación de todas las ordenanzas de civismo de los municipios de Catalunya. La pata de esta reforma consistirá en crear una normativa nueva en torno a la licencia de actividad de los marcroprostíbulos.
Respecto a la homologación de las ordenanzas municipales en los apartados que tocan al ejercicio de la prostitución, la intención de Interior es conseguir que las diferentes normativas se armonicen. Con ello se pretende evitar fenómenos ya ocurridos en el pasado de migración del problema. Este fenómeno consiste en que la prostitución se desplaza a un municipio vecino cuando en el que se encuentra asentada se endurece la normativa. Se produce un desplazamiento que lleva al pueblo o ciudad de nueva recepción a endurecer a su vez la normativa en una espiral normativa. Interior quiere que todas estas ordenanzas se equiparen. Responsables del departamento que dirige Felip Puig ponen la venda antes que la herida y avisan que la futura reforma no laminará ni invadirá la autonomía local.
El tercer ámbito legal, el que tiene que ver con los macroprostíbulos, también comportará cambios legales, en especial en la ley de Espectáculos de la Generalitat. Y eso será así porque Interior quiere ser el ente responsable del control y la inspección de estos lupanares de gran capacidad. No se quiere interferir la labor de los municipios sino más bien ponerlos a salvo de dichas tareas. En la práctica, el uso de la ley catalana de Espectáculos –que deberá ser reformada– como instrumento para controlar los grandes clubs de alterne se convertirá en un intento de alejar a los ayuntamientos catalanes del trato directo con estos empresarios.
Precisamente, anteayer, el Parlament de Catalunya aprobó una moción, presentada por el Partido Popular sobre seguridad ciudadana, que insta al Govern a impulsar una normativa que prohíba la prostitución “en vías y espacios de dominio público”. La moción, que fue transaccionada por CiU, insta al Govern a impulsar una normativa, “en el marco de las competencias de la Generalitat”, que “declare expresamente prohibida” la prostitución en carreteras y zonas de dominio público “tanto para la persona que ofrece la prestación como para la persona que la solicita o acepta”, en la línea de esta modificación de la ley de Carreteras. Todos los grupos votaron favorablemente, excepto ICV-EUiA, que votó en contra al considerar no se soluciona el problema, mientras que ERC se abstuvo porque “es un tema demasiado complejo para tratarlo con esta simplicidad”.