Por segunda ocasión en cinco años, la Agencia Catalana de Protección de Datos y el Ayuntamiento de Barcelona se enfrentan por la identificación de los infractores de la ordenanza que prohíbe la prostitución en la calle. La agencia abrió un nuevo expediente por considerar que, a la hora de la denuncia, la Guardia Urbana vulnera la intimidad de las prostitutas y los clientes al solicitarles datos como su nombre, su apellido, su número de DNI y su dirección, según avanzó ayer Ara.

El Consistorio tuvo noticia del expediente el pasado 18 de mayo. El proceso aún se encuentra en fase de alegaciones y los servicios jurídicos del Ayuntamiento están preparando una respuesta, que ha de entregar antes del 17 de este mes. El eje de la defensa, según una portavoz, es que "los datos que se piden son los mínimos necesarios para tramitar y comunicar la denuncia".

En algún lugar de los archivos del Consistorio hay una lista que relaciona nombres, números de DNI y multas. Allí está el registro de todas las multas que impone la Guardia Urbana, como las de tráfico y las de personas que demandan u ofrecen servicios de prostitución. Sin un archivo así sería imposible organizar el recaudo. Sin embargo, de acuerdo con la agencia, estos datos dan información sobre "la tendencia o hábitos sexuales" de los ciudadanos. Dentro de su raciocinio, por ejemplo, el mismo principio se tendría que aplicar para aquellos que son multados por beber alcohol en la vía pública: el Ayuntamiento tendría un registro de "borrachos".

Ayer la síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, aseguró que su despacho ha estudiado casos en los que a pesar de que las multas "se anulan por defectos formales" el nombre de la denunciada y "el presunto ejercicio de la prostitución continúan archivados como mínimo un año para comprobar la reincidencia".

En 2006, la agencia abrió un expediente similar al Consistorio, después de que la ONG Àmbit Dona denunciara que la Guardia Urbana diligenciaba formatos con los datos de las prostitutas. En su día el Ayuntamiento aseguró que su único objetivo era corroborar si las mujeres "habían sido informadas con anterioridad", aunque aceptó que en el formulario no había ninguna referencia sobre el derecho de protección de datos.

En 2010, La Guardia Urbana impuso 2.183 multas a mujeres por oferta de servicios sexuales y 912 a hombres que los buscaban. Según la ordenanza, los agentes deben informarles de que su conducta está prohibida y pedirles que no persistan en ella. Si insisten, son denunciados.